La legislatura de Entre Ríos aprobó un proyecto de resolución del diputado peronista Rubén Oscar Almará, que pretende limitar el uso de las redes sociales luego de los hechos de los últimos días. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno del kirchnerista Sergio Urribarri
El legislador entrerriano Rubén Oscar Almará ideó un proyecto mediante el cual le solicita al Poder Ejecutivo de esa provincia que restrinja el acceso a medios electrónicos y redes sociales cuando el territorio entre en un "estado de conmoción social", y la medida fue aprobada ayer en la Legislatura local.
El argumento en el que se apoya la iniciativa es que mediante Facebook y Twitter se fomenta y se contribuye al aumento de la tensión, y surge luego de los saqueos que atravesó ese territorio, al igual que buena parte del país.
La iniciativa cuenta con el aval del gobierno de Sergio Urribarri y la Cámara de Diputados provincial ya aprobó un proyecto de resolución. El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, expresó su respaldo al proyecto legislativo.
El texto solicita al Estado provincial que inste a los organismos nacionales competentes a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, ionternet y redes sociales tendientes a "bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas".
El proyecto también apunta a que el Estado provincial inste a la Nación a "intervenir y emprender las acciones necesarias para exigir a las empresas proveedoras de servicios de internet el bloqueo de las redes sociales durante el tiempo necesario para restablecer el orden público ante la instigación a cometer delitos que atenten contra el orden constitucional y la vida democrática".
"Puede parecer una medida antipática, pero nada está demás cuando se trata de preservar la paz social y la vida de las personas. Cuando se pone en peligro el orden público, una de las consecuencias usuales es la pérdida de vidas humanas. No está demás nada de lo que podamos hacer para impedir que eso suceda", consideró el ministro.
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